En el debate público actual, la salud de las cuentas públicas suele presentarse como un fin en sí mismo. Sin embargo, desde una perspectiva de la economía política, el análisis del presupuesto santafesino muestra algo distinto: el equilibrio fiscal no es el resultado de una gestión más eficiente de la escasez, sino de una decisión política de acumulación financiera sostenida en el ajuste sobre quienes garantizan los servicios básicos.

El reciente informe del CESO sobre las prioridades presupuestarias de Santa Fe (2023-2025) es elocuente. La provincia consolidó un superávit primario acumulado de $181.970 millones, en un contexto donde los ingresos crecieron un 54% en términos reales en el último bienio. Este aumento estuvo impulsado principalmente por la expansión de la recaudación propia: el Impuesto a los Ingresos Brutos creció un 52%, el Impuesto Inmobiliario un 140% y Patentes un 107%. Por el lado del gasto se observa un cambio en las prioridades presupuestarias con consecuencias directas sobre los trabajadores de la provincia.

Aquí aparece el núcleo de la estrategia oficial. Mientras el gobierno nacional se retira de funciones clave mediante un fuerte ajuste, la provincia opta por ocupar ese vacío con recursos propios. Esta situación se da, por ejemplo, cuando Santa Fe asume la reparación de rutas nacionales como la 11 o la 34, o la finalización de obras en el Monumento a la Bandera frente a la deserción de Nación. Lo que a primera vista podría leerse como un gesto de autonomía o de “defensa de lo propio” encierra en realidad una dinámica más compleja: la provincia absorbe el ajuste nacional sin reclamar lo suficiente por los recursos correspondientes, y financia esa decisión mediante una transferencia directa desde los ingresos de sus trabajadores hacia la acumulación de liquidez estatal.

En este esquema, Santa Fe se consolida como un ejecutor de la política de "ancla salarial". La caída del salario real en el sector público provincial alcanza, en promedio, el 21%, incluso por encima del deterioro a nivel nacional (18%). El impacto es particularmente severo en sectores estratégicos: los docentes encabezan las pérdidas con una caída del 34% en su poder adquisitivo, seguidos por Salud (-19%), Administrativos (-17%) y Seguridad (-15%).

La asignación de recursos refuerza este diagnóstico. Mientras el presupuesto de la Dirección Superior Ejecutiva (la cúpula política) creció un 95% en términos reales, el gasto en personal de áreas sociales como Salud y Educación lo hizo apenas un 38%. Cuando el gasto en conducción política se expande al doble que en las áreas que garantizan derechos básicos, el ahorro fiscal deja de ser señal de mejora institucional para convertirse en un proceso de precarización.

Históricamente, Santa Fe fue "La Invencible". La expresión la acuñó el propio Brigadier Estanislao López, Patriarca del Federalismo, para describir una provincia que resistió embates militares y disputó con firmeza su lugar frente al centralismo porteño en los años fundacionales de la Argentina. Era la afirmación de una identidad política construida en la autonomía real.

Hoy, ese símbolo corre riesgo, porque si el Brigadier imaginó una provincia invencible frente a las presiones externas, el modelo actual invierte la lógica: Santa Fe no resiste el ajuste nacional, lo absorbe y lo financia con el salario de sus propios trabajadores.

No hay invencibilidad posible si el costo de sostener el funcionamiento estatal frente al repliegue de la Nación es la precarización de los docentes, del personal de salud y de las fuerzas de seguridad. No hay cuentas sanas si el precio de equilibrarlas es descuidar a quienes le dan sentido a la existencia del Estado.

Celina Calore es Economista, directora del CESO Santa Fe.

Santa Fe: absorber el ajuste nacional a costa del bolsillo de los trabajadores.