La solicitud argentina de arbitraje contra el Reino Unido busca frenar la explotación petrolera de Sea Lion. El resultado jurídico es incierto, pero la iniciativa abre una discusión más profunda: qué puede obtener el país mediante este procedimiento y cómo convertirlo en una estrategia capaz de afectar decisiones, elevar costos y reconstruir poder regional en el Atlántico Sur.

Argentina decidió iniciar contra el Reino Unido el procedimiento arbitral previsto en el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo anunciado es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte mediante Sea Lion y evitar nuevas medidas unilaterales sobre los recursos naturales de los espacios marítimos disputados.

La decisión importa. No porque una presentación judicial pueda resolver por sí sola una controversia de casi dos siglos, sino porque introduce una herramienta concreta frente a un cambio material del conflicto. Sea Lion ya no es una expectativa remota. Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration adoptaron la decisión final de inversión para su primera fase, comprometieron contratos y financiamiento y proyectan iniciar la producción en 2028. La etapa inicial apunta a unos 50.000 barriles diarios. Detrás del petróleo llegarán infraestructura, proveedores, seguros, transporte, ingresos fiscales y mayores incentivos para proteger militarmente esa acumulación.

La disputa permanece jurídicamente abierta, pero el territorio administrado por el Reino Unido comienza a adquirir una nueva densidad económica. Ese es el dato que obliga a revisar la estrategia argentina.

Qué puede hacer el arbitraje

Conviene precisar el alcance de la iniciativa. Aunque el conflicto se vincula con Navitas, Rockhopper y la red de empresas contratistas de Sea Lion, el arbitraje no se dirige jurídicamente contra las petroleras. Argentina busca activar la responsabilidad internacional del Reino Unido por autorizar actividades que considera ilegítimas sobre su plataforma continental.

El Gobierno fundó su posición en la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce la existencia de una disputa de soberanía e invita a ambos países a negociar, y en la Resolución 31/49, que les pide abstenerse de introducir modificaciones unilaterales mientras continúe el proceso recomendado por la ONU. Además, intimó a Londres para que detenga las actividades y anticipó que, si no obtiene respuesta, solicitará medidas provisionales al Tribunal Internacional del Derecho del Mar.

La base política es consistente: un recurso no renovable puede ser extraído antes de que exista una solución negociada. El daño no sería solamente económico. Cada inversión fortalece el entramado que sostiene el control británico y vuelve más costosa cualquier modificación futura del statu quo.

Sin embargo, el camino jurídico tiene un obstáculo central. Los derechos sobre la plataforma continental pertenecen al Estado ribereño, pero determinar cuál de los dos Estados posee esa condición alrededor de las islas conduce directamente a la controversia de soberanía. Londres previsiblemente sostendrá que un tribunal constituido bajo la Convención del Mar no puede resolver una disputa territorial para decidir después quién puede explotar el subsuelo marítimo.

El antecedente de Chagos obliga a ser prudentes. En aquel caso, el tribunal arbitral entendió que no tenía jurisdicción para pronunciarse sobre cuestiones que exigían resolver previamente una controversia de soberanía. Esto no significa que la posición argentina esté condenada. La formulación de las pretensiones, el vínculo con la obligación de no agravar la disputa, las consecuencias ambientales y la posibilidad de solicitar medidas provisionales abren márgenes de discusión. Pero sería irresponsable presentar el arbitraje como una victoria asegurada.

La política exterior necesita algo más exigente que entusiasmo procesal: necesita escenarios.

Primer escenario: el tribunal rechaza su jurisdicción

Es el escenario jurídicamente más adverso y uno de los más plausibles. El tribunal podría considerar que no puede pronunciarse sobre Sea Lion sin decidir antes la cuestión territorial que le da origen. Londres presentaría el resultado como una derrota argentina y como una confirmación de su capacidad para administrar los recursos de las islas.

Pero incluso esa decisión no convertiría al Reino Unido en soberano ni eliminaría la controversia reconocida por Naciones Unidas. Un tribunal del mar puede declararse incompetente precisamente porque existe una disputa territorial previa que excede su mandato. La derrota procesal, por lo tanto, no sería necesariamente una derrota sobre el fondo.

El riesgo verdadero sería otro: que Argentina haya concentrado toda la iniciativa en el expediente y no haya construido alrededor de él una estrategia política. Si el arbitraje queda aislado, Londres podrá absorber su costo. Si está acompañado por acciones sobre contratistas, aseguradoras, entidades financieras, cadenas logísticas y mercados futuros, aun una decisión desfavorable puede dejar instalada una zona de riesgo que complique la explotación.

Segundo escenario: medidas provisionales o una victoria parcial

Argentina podría conseguir que el tribunal reconozca, al menos de manera preliminar, que existe un riesgo de daño irreparable o de agravamiento de la controversia. Una medida provisional que limite nuevas licencias, exija información, preserve evidencia o condicione determinados trabajos tendría un efecto económico inmediato, aunque no resolviera la soberanía.

Éste sería el resultado de mayor rendimiento en el corto plazo. Los proyectos offshore dependen de cronogramas financieros, contratos internacionales, coberturas de riesgo y previsibilidad regulatoria. La incertidumbre jurídica puede encarecer el capital, demorar proveedores y desalentar empresas que también poseen intereses en la Argentina continental.

La decisión de Halliburton de confirmar que no participará de Sea Lion muestra que la presión argentina puede obtener resultados sin necesidad de una sentencia definitiva. El poder jurídico no actúa solamente cuando un tribunal dicta un fallo: también opera cuando altera el cálculo de quienes financian, aseguran, transportan o prestan servicios.

Tercer escenario: el proceso no detiene Sea Lion, pero cambia su entorno

Este es el escenario sobre el cual Argentina debería organizar su política, porque no depende enteramente de la voluntad de un tribunal. Sea Lion puede avanzar y, al mismo tiempo, enfrentar un ambiente regional, financiero y empresarial más hostil.

La clave consiste en desplazar la discusión desde la mera denuncia hacia la construcción de costos. Cada empresa que se retira, cada Estado vecino que niega apoyo logístico, cada puerto que exige controles adicionales y cada organismo regional que condena la extracción unilateral reduce la normalidad que Londres necesita construir alrededor del proyecto.

Aquí aparece la noción de posesión estratégica. El Reino Unido no sostiene su posición únicamente mediante un título jurídico que Argentina controvierte. La sostiene acumulando presencia militar, conectividad aérea y marítima, infraestructura, instituciones locales, licencias pesqueras, actividad económica, vínculos empresariales y capacidad diplomática. Sea Lion agrega una nueva capa: renta hidrocarburífera y valor fiscal para financiar la continuidad de esa estructura.

Argentina debe responder en el mismo plano multidimensional, aunque mediante instrumentos compatibles con su tradición pacífica y con el mandato constitucional. No se trata de imitar la militarización británica. Se trata de articular derecho, diplomacia, economía, ciencia, vigilancia, logística antártica, infraestructura patagónica y cooperación regional. No hay posesión estratégica sin derecho, pero tampoco la hay sólo con derecho.

Resolución 2065: ni reliquia ni estrategia suficiente

La tentación de declarar fuera de tiempo la Resolución 2065 debe ser contenida. La resolución conserva un valor decisivo: reconoce que existe una disputa entre Argentina y el Reino Unido e impide que Londres reduzca la cuestión a la autodeterminación de una población implantada. Abandonarla sería entregar uno de los principales activos jurídicos acumulados por la diplomacia argentina.

Pero otra cosa es convertirla en refugio. La 2065 fue aprobada en 1965, cuando no existían la arquitectura militar actual, el régimen de licencias pesqueras, la proyección logística hacia la Antártida ni un proyecto petrolero con decisión final de inversión. Su mandato de negociación sigue vigente, pero ya no describe toda la materialidad del conflicto.

Por eso, la 2065 debe ser entendida como piso jurídico y no como techo doctrinario. Argentina necesita promover una nueva resolución que no sustituya aquella conquista, sino que la actualice. El nuevo objetivo diplomático debería concentrarse en las consecuencias de la explotación de recursos no renovables en un territorio sujeto a disputa, el riesgo ambiental transfronterizo, la modificación unilateral del statu quo, el vínculo entre renta económica y consolidación militar y la necesidad de evitar que empresas privadas produzcan hechos consumados irreversibles.

No sería una resolución para volver a demostrar que la disputa existe. Sería una resolución destinada a impedir que, mientras todos reconocen formalmente su existencia, una de las partes vacíe materialmente aquello que algún día debería negociarse.

Uruguay y la oportunidad de regionalizar el costo

Las declaraciones del canciller uruguayo Mario Lubetkin ofrecen una oportunidad. Al sostener que la explotación petrolera cambió la naturaleza de la cuestión y que detrás de la renta aparecerá una articulación militar destinada a protegerla, Uruguay incorpora al debate regional la dimensión material que durante años permaneció subordinada a las fórmulas diplomáticas.

Montevideo, sin embargo, mantiene una ambigüedad. Mientras respalda el argumento argentino, analiza adquirir hasta dos patrulleros River de primera generación que la Royal Navy retiraría en 2028. La eventual operación no implicaría jurídicamente reconocer la soberanía británica sobre Malvinas. Pero las adquisiciones militares nunca son enteramente neutrales: crean relaciones de entrenamiento, mantenimiento, adquisición de repuestos, doctrina e interoperabilidad.

La respuesta argentina no debería consistir en exigir alineamientos automáticos ni en convertir cada vínculo bilateral con Londres en una afrenta. Debería proponer reglas regionales concretas. El Mercosur podría distinguir entre cooperación naval legítima y asistencia directa o indirecta a la explotación de recursos disputados; establecer compromisos de transparencia logística; negar facilidades portuarias y aéreas a operaciones vinculadas con Sea Lion; coordinar estándares ambientales; e identificar las empresas que participan de la cadena del proyecto.

Brasil resulta indispensable. Uruguay puede aportar legitimidad política y control sobre accesos del Río de la Plata. Chile es decisivo por Punta Arenas y por la logística aérea y marítima hacia las islas. Sin esos tres países, la regionalización será una consigna. Con ellos, puede convertirse en una restricción funcional.

El escenario que Argentina podría construir

La alternativa más sólida no consiste en apostar todo a una victoria arbitral ni en esperar que una nueva resolución produzca por sí sola el cambio de conducta británico. El escenario conveniente es acumulativo: utilizar el arbitraje como núcleo jurídico de una estrategia más amplia destinada a elevar los costos de la explotación, reducir su legitimidad, dificultar su cadena logística y reconstruir una coalición regional.

Desde una concepción nacional y sudamericana del poder, ése es el punto central. La soberanía no se defiende únicamente en el lugar donde se invoca el derecho, sino también allí donde se organizan capacidades para que ese derecho influya sobre decisiones reales. Una sentencia puede ayudar; una medida provisional puede demorar; una sanción puede disuadir a una empresa. Pero sólo una política de Estado puede sostener esos efectos y acumularlos en el tiempo.

Sea Lion expone el límite de una diplomacia fundada exclusivamente en la reiteración. La Argentina debe preservar la Resolución 2065, porque allí reside una parte esencial de su legitimidad internacional. Pero debe dejar de tratarla como si fuera una estrategia completa. El conflicto cambió: ahora la ocupación busca extraer renta, financiar infraestructura y reforzar su protección.

La respuesta también debe cambiar. No para abandonar el derecho, sino para convertirlo en capacidad de ejecución. No para reemplazar la paz por la amenaza, sino para impedir que la paciencia diplomática argentina sea utilizada como tiempo económico por la contraparte. Y no para aislar a los vecinos mediante reproches, sino para ofrecerles una arquitectura regional en la que la defensa de los recursos, la estabilidad marítima y la descolonización vuelvan a formar parte de un mismo interés sudamericano.

La resolución 2065 de la Organización de Naciones Unidas data de diciembre de 1965, pero continúa indicando dónde está la razón jurídica. La nueva etapa exige construir el poder necesario para que esa razón empiece a modificar el tablero.

Malvinas: solicitud de arbitraje y los escenarios posibles para Argentina