La reciente versión que sugiere que Estados Unidos podría revisar su respaldo a la posición británica sobre las Islas Malvinas —en el marco de tensiones por la política hacia Irán— no puede ni debe ser leída en términos literales o de acción concreta. No estamos ante un giro inminente de la política exterior norteamericana, sino ante un fenómeno más profundo: la exposición, casi involuntaria, de la verdadera naturaleza del problema Malvinas.

Porque lo relevante no es si Washington efectivamente modificaría su posición. Lo verdaderamente significativo es que dicha posibilidad sea siquiera imaginable. Y eso revela algo que en Argentina todavía cuesta asumir: la soberanía británica en Malvinas no descansa en un blindaje jurídico, sino en una arquitectura de poder.

Durante décadas, el enfoque argentino se estructuró sobre una matriz jurídico-diplomática heredada del siglo XX, con la Resolución 2065 de la ONU como eje ordenador. Este esquema, adecuado para un contexto internacional distinto, partía de un supuesto implícito: que el derecho internacional, acompañado de presión diplomática sostenida, podría eventualmente conducir a una negociación de soberanía.

Sin embargo, el sistema internacional actual desmiente esa premisa. Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur junto a los espacios marítimos circundantes, han dejado de ser un caso colonial clásico para convertirse en un enclave estratégico del sistema occidental de poder. Su valor excede ampliamente la disputa territorial: constituyen una plataforma de control del Atlántico Sur, un nodo logístico con proyección hacia la Antártida y un punto de apoyo en la competencia por recursos y rutas marítimas en un escenario global crecientemente conflictivo.

este marco, el Reino Unido ejerce la ocupación, pero el sostén último de esa posición no es exclusivamente británico. Es sistémico. Es occidental. Y, en última instancia, es norteamericano.

Por eso, pensar que Estados Unidos podría utilizar la cuestión Malvinas como instrumento de presión coyuntural sobre Londres implica desconocer la lógica profunda del poder internacional. Ninguna potencia debilita voluntariamente su propio dispositivo estratégico en función de tensiones tácticas. Pero al mismo tiempo, la circulación de este tipo de versiones deja entrever algo no menor: el orden occidental no es homogéneo, sino jerárquico y atravesado por tensiones.

Y es precisamente en esas fisuras donde emergen oportunidades.

Para Argentina, el desafío es abandonar definitivamente la ilusión de que la cuestión Malvinas puede resolverse en el plano declarativo o exclusivamente jurídico. El derecho internacional no es irrelevante, pero no es autónomo: acompaña, legitima o formaliza relaciones de poder previamente configuradas.

En consecuencia, la discusión de fondo no debería girar en torno a qué dice una resolución, sino a cuál es la posición relativa de Argentina en el sistema internacional.

Hoy, esa posición es débil.

La ausencia de una marina mercante, la limitada capacidad naval, la escasa proyección antártica efectiva y la falta de una estrategia sostenida en el Atlántico Sur configuran un cuadro donde el reclamo de soberanía se mantiene en el plano discursivo, sin traducción en términos de poder.

Recuperar capacidad de incidencia no implica adoptar posturas estridentes ni romper equilibrios innecesarios. Implica, en cambio, construir condiciones materiales y estratégicas que permitan reinsertar a la Argentina en el juego real de la geopolítica.

Esto supone, al menos, tres líneas de acción.

En primer lugar, el desarrollo de una política marítima integral, que incluya la reconstrucción de una marina mercante nacional, la modernización de la flota naval y el fortalecimiento de la infraestructura portuaria. El control y la proyección sobre el espacio marítimo no son accesorios: son centrales.

En segundo lugar, una estrategia antártica robusta, que trascienda la presencia simbólica y se traduzca en capacidades logísticas, científicas y operativas sostenidas en el tiempo. Si bien Argentina tiene una presencia comprometida y trabajada históricamente por las FFAA, debería dotar de más capacidad en recursos a este sector para fortalecer la presencia como política de Estado con perspectiva de futuro.

Finalmente, una inserción internacional inteligente, capaz de identificar y aprovechar las tensiones del sistema global, sin caer en alineamientos automáticos ni en aislamientos improductivos.

La cuestión Malvinas no desaparecerá del tablero. Pero tampoco se resolverá por inercia.

Lo que esta coyuntura pone en evidencia es que la soberanía, en el mundo contemporáneo, no se declama: se construye. Y se construye con poder.

Argentina enfrenta, en este sentido, una disyuntiva estratégica. Persistir en un enfoque que ha demostrado sus límites, o asumir que el problema Malvinas exige una actualización doctrinaria acorde al siglo XXI.

Comprender que no se trata solamente de una causa nacional, sino de una variable geopolítica inserta en una disputa mayor, es apenas el primer paso.

El desafío real es otro: abandonar la comodidad del reclamo y asumir la incomodidad de construir poder.

Porque la historia no la modifican quienes tienen razón, sino quienes tienen capacidad de imponerla. Como advierte Marcelo Gullo, “ninguna nación se desarrolla obedeciendo”

Malvinas no va a volver por inercia, ni por acumulación de declaraciones, ni por apelaciones morales a un orden internacional que hace tiempo dejó de ser neutral. Va a volver en el marco de una Argentina que haya decidido dejar de ser periferia pasiva para convertirse en actor.

Un actor con presencia en el mar. Con proyección sobre el Atlántico Sur. Con densidad estratégica en la Antártida. Con capacidad de leer el mundo y actuar en él.

Esa es la verdadera discusión pendiente. Porque en el fondo, Malvinas no interpela solamente nuestra política exterior. Interpela nuestra idea de Nación. Y en ese espejo incómodo, la pregunta ya no es qué hacen los otros.

La pregunta es si Argentina está dispuesta a volver a jugar en serio

Malvinas más allá de Londres: el factor Washington. Cuando el poder desnuda al derecho