El intento de reforma de la Ley de Tierras no es un hecho aislado. Es un nuevo paso en un modelo que busca poner en venta la Argentina, entregando recursos estratégicos y debilitando la soberanía nacional en beneficio del capital extranjero.

Hay decisiones políticas que marcan el rumbo de un país durante décadas. La reforma de la Ley de Tierras que impulsa el gobierno de Javier Milei es una de ellas. No se trata de una modificación administrativa ni de una simple desregulación del mercado. Se trata de una iniciativa que, de aprobarse, eliminaría o flexibilizaría los límites para que extranjeros adquieran tierras argentinas, abriendo un debate profundo sobre la soberanía nacional y el futuro del país.

La tierra no es una mercancía más. Sobre ella descansan la producción de alimentos, las reservas de agua dulce, los minerales estratégicos, los bosques, los humedales y los puertos que conectan a la Argentina con el mundo. Quien controla esos recursos también acumula una enorme capacidad de influencia sobre el desarrollo económico y político del país.

Por eso la reforma no puede analizarse de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que ya se expresó con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), los intentos de modificar la Ley de Glaciares, la flexibilización de normas ambientales y otras medidas orientadas a reducir la intervención del Estado en favor de grandes capitales privados. El denominador común parece ser siempre el mismo, convertir los recursos estratégicos argentinos en activos disponibles para el mercado internacional.

El proyecto impulsado por La Libertad Avanza también incorpora modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, facilita desalojos y limita las posibilidades de expropiación por parte del Estado.

Nada de esto ocurre en soledad. Como sucedió con la Ley Bases y otras reformas, el Gobierno negocia con gobernadores para conseguir los votos necesarios en el Congreso. La falta de consenso obligó a postergar el tratamiento hasta el próximo 6 de agosto, pero el proyecto sigue sobre la mesa.

No deja de resultar llamativo que el intento de avanzar con esta reforma coincidiera con una jornada en la que millones de argentinos seguían unidos detrás de la bandera y de la Selección. Mientras el sentimiento patriótico ocupaba el centro de la escena, el Gobierno buscaba abrir el debate sobre una ley que podría facilitar la extranjerización de tierras argentinas.

La Argentina necesita inversiones, empleo y crecimiento. Pero ninguna estrategia de desarrollo debería construirse resignando el control sobre recursos naturales, territorios estratégicos o bienes que pertenecen a todos los argentinos. El desafío no es elegir entre desarrollo o soberanía. El verdadero desafío es crecer sin entregar aquello que define nuestra independencia como Nación.

Porque la tierra también es soberanía. Y un país que renuncia al control de su territorio, de sus recursos y de su patrimonio difícilmente pueda decidir libremente su propio destino. La discusión que se viene en el Congreso trasciende una ley. Es una discusión sobre qué Argentina queremos dejarles a las próximas generaciones.

La tierra también es soberanía