La ruta anunciada entre Punta Arenas y Puerto Argentino obliga a Buenos Aires a mirar más allá del próximo zarpe. El mismo vínculo que hoy debe procesar una diferencia en torno a Malvinas ya sostiene operaciones antárticas y ejercicios combinados, y podría darles a los dos países mayor capacidad de negociación en el litio.

A fines de octubre, mientras el carguero chileno Danstarzarpaba de Valparaíso rumbo a Punta Arenas, militares argentinos y chilenos trabajaban juntos en la Academia de Guerra del Ejército de Chile. Entre el 26 y el 30 de octubre, la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur realizó el ejercicio de gabinete Achernar 2026. En un escenario simulado de mantenimiento de la paz, su Estado Mayor coordinó una respuesta ante un terremoto y un tsunami. Por esos mismos días, la naviera preparaba una ruta hacia Puerto Argentino cuyo primer viaje anunció para diciembre.

La coincidencia expone una dificultad de la política exterior argentina. Chile es un socio con el que podemos construir capacidades en el extremo austral, y desde un puerto chileno podría abrirse una nueva vía de abastecimiento para las islas bajo administración británica. Una política hacia Santiago tiene que hacerse cargo de las dos cosas. El punto de partida es identificar dónde divergen los intereses y dónde la cooperación nos permite actuar con mayor eficacia.

La diferencia que abre el Danstar

La administración isleña tiene un interés concreto en la ruta. Su agencia de desarrollo promovió el enlace y participó de una ronda de negocios en Punta Arenas, organizada por el municipio en colaboración con la naviera. Si el servicio logra frecuencia y carga suficientes, las islas ganarán proveedores y una alternativa al enlace con Montevideo. Para Buenos Aires, ésa es la dimensión estratégica de la operación. Una escala comercial puede convertirse, con la repetición de viajes y contratos, en parte de la infraestructura que sostiene la ocupación. La eventual vinculación del buque con Sea Lion exige evidencia específica sobre cargas, destinatarios o servicios.

El comunicado presidencial chileno del 3 de septiembre ofrece un punto de apoyo. Santiago reiteró su respaldo a los derechos argentinos de soberanía y a la reanudación de las negociaciones con el Reino Unido. Buenos Aires, por su parte, dejó planteada su preocupación por la logística que pudiera sostener la explotación unilateral de recursos. En noviembre, el gobierno chileno confirmó que había conversado con las autoridades argentinas sobre el viaje. Ese canal debería servir para solicitar información sobre operadores, cargas y destinatarios y, si se acredita un nexo con actividades extractivas sin autorización argentina, discutir medidas específicas. La controversia de soberanía sigue teniendo como partes a la Argentina y al Reino Unido.

La cooperación austral que ya existe

Cruz del Sur muestra lo que ambos Estados pueden hacer cuando definen una misión y sostienen equipos encargados de prepararla. Achernar fue un ejercicio de gabinete de una fuerza concebida para operaciones de paz bajo mandato de las Naciones Unidas. Su valor para esta discusión está en el trabajo previo a cualquier despliegue. Oficiales de ambos países pueden planificar con procedimientos comunes y ensayar cómo tomar decisiones bajo presión. Esa confianza profesional se acumula con la práctica y tiene valor cuando surge una diferencia política que los gobiernos deben administrar.

En la Antártida, esa práctica ya se traduce en operaciones. La Patrulla Antártica Naval Combinada completó su 28.ª campaña en 2026. Los gobiernos también coadministran zonas especialmente protegidas y promueven juntos una propuesta de área marina protegida. El paso siguiente podría ser un acuerdo de respaldo logístico entre Ushuaia y Punta Arenas, con procedimientos para acceder a reparaciones, evacuar personal y sostener campañas científicas cuando una emergencia interrumpa la operación prevista. Para la Argentina, la ventaja sería ampliar las opciones para sostener su presencia. Para Chile, disponer de una segunda vía de apoyo austral y reforzar los servicios que Punta Arenas puede ofrecer a las campañas científicas. La reciprocidad exige que cada puerto tenga medios propios y que ambos acuerden de antemano cómo ponerlos a disposición. Las posiciones territoriales se preservan conforme al artículo IV del Tratado Antártico.

La cordillera y el margen de negociación

El litio plantea un problema distinto. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Argentina y Chile aportaron juntos alrededor del 27% de la producción minera mundial estimada en 2025. Ambos tienen un grupo binacional de litio y salares formalizado en 2023, con una agenda de cooperación científica y agregación de valor. Si los dos países se limitan a competir por los mismos inversores, parte de esa escala se diluye en la negociación por separado. Podrían aprovecharla con laboratorios de certificación, programas para proveedores y criterios comparables de seguimiento del agua. Una red de proveedores y laboratorios reconocida en ambos mercados ampliaría la escala para las empresas locales y permitiría a los Estados negociar compromisos verificables de formación y desarrollo tecnológico. Cada país conservaría su propio régimen minero.

El agua es una condición de esa estrategia industrial. Medir por cuenca la extracción de salmuera, el uso de agua dulce y la recarga permitiría evaluar qué proyectos pueden sostenerse, qué efectos se acumulan y qué información necesitan las comunidades para intervenir en las decisiones que las afectan. En la Argentina, Jujuy, Salta y Catamarca tienen que participar desde el diseño. El dominio originario provincial sobre los recursos vuelve insuficiente un acuerdo que se agote en las cancillerías.

La lección del Danstar es que la geografía adquiere valor político cuando alguien organiza los medios para usarla de manera sostenida. La administración isleña intenta hacerlo al diversificar su abastecimiento. La Argentina puede aplicar esa misma lectura a su propia política regional. En Malvinas, requiere conocer las operaciones que sostienen la explotación de recursos y contar con canales para actuar sobre ellas. En la Antártida, implica poder sostener una campaña cuando falla un eslabón logístico. En el litio, supone desarrollar capacidades locales que incidan en las condiciones de inversión y producción. Ahí se juega la dimensión material de la posesión estratégica. Con Chile tenemos la posibilidad de construir parte de esas capacidades y ampliar nuestro margen de decisión, desde la región y sin alineamientos automáticos.

El caso Danstar y el valor estratégico de Chile